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El Zuliano
Crimen contra Venezuela

Agencias
Sin necesidad de tener una posición a favor o en contra de quienes gobiernan o aspiran gobernar nuestro país es evidente que nos encontramos ante un golpe de estado por parte de una potencia extranjera y sus satélites contra el gobierno de Venezuela. El asunto fuera alarmante si sólo se circunscribiera a eso, pero las implicaciones del acoso financiero, político e incluso militar de un enorme país, armado hasta los dientes contra una pequeña nación con menos del 10% de la población de esa potencia y medios militares más policiales que de guerra, va más allá y afecta a millones de venezolanos sin importar su preferencia política. Ya hay precedentes en otros países de las masacres que las sanciones económicas estadounidenses han producido; el caso de Irak es emblemático: 1.600.000 muertos por sanciones económica entre 1990 y 2003, de los cuales 600.000 fueron niños y casi 800.000 ancianos y mujeres, según la ONU. Luego, casi 2 millones de muertos más entres 2003 y 2010, asesinados por bombas o por los disparos de mercenarios contratados por EEUU para asesinar iraquíes. No hay derecho a que se nos mate de hambre con la excusa de unos derechos humanos que la historia dice que EEUU es lo último que respeta.

Ampliando la lista de funcionarios claves sancionados para evitar que alguien pueda negociar financieramente por  Venezuela
El primer elemento que gorseramente resalta es la inhabilitación de todo el que en perspectiva pudiera firmar o autorizar transacciones por parte de Venezuela para comprar desde alimentos o medicinas. Ese objetivo explica que hoy el departamento estadounidense del Tesoro anunciara la adopción de nuevas sanciones a Venezuela, esta vez contra 10 funcionarios a los que responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.

Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.

EEUU amenaza a tenedores de bonos con 30 años de cárcel si renegocian la deuda venezolana
Con todos sancionados nadie podrá comprar en el extranjero alimentos ni medicinas. Tampoco negociar la deuda venezolana, por lo que otra vez el departamento del tesoro estadounidense advirtió a los tenedores de bonos que tratar con los dos negociadores principales de Venezuela, cuyos nombres figuran en listas negras de Washington, sería “problemático” y podría llevar a duras penas bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una amenaza del único país que ha lanzado no una sino dos bombas nucleares sobre civiles inocentes. Algo para tomar en serio. 

Ello a propósito de que la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro invitó a acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar negociaciones para la reestructuración de cerca de 60.000 millones de dólares en bonos venezolanos. Quien preside la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal PDVSA es el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, incluido por Estados Unidos en una lista negra por narcotráfico, delito del que se le acusa sin presentar una prueba porque la ley estadounidense no requiere que el departamento del tesoro prueba sus acusasiones. Algo insólito.

Washington también decretó sanciones contra Simón Zerpa, jefe de Finanzas de PDVSA y ministro de Economía, por presuntos actos de corrupción. El Tesoro estadounidense dijo que si bien los acreedores no tienen vetado participar en reuniones sobre los bonos bajo la Licencia General 3 del decreto que firmó Donald Trump el 25 de agosto, cualquier acuerdo con personas que estuvieran en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en inglés) sí estaba prohibido.

“Si bien no existe prohibición para que personas estadounidenses participen en una reunión vinculada a los bonos en el apéndice a la Licencia General 3, la participación de personas de la lista SDN en esas reuniones parece problemático”, dijo el Tesoro estadounidense en una guía compartida con Reuters el miércoles.

“Las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano para asegurarse de que no se impliquen en transacciones o acuerdos, directa o indirectamente, con (una persona en la lista) SDN”, agregó el texto.

El Tesoro informó que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos estadounidenses abarcan hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para las instituciones financieras las multas trepan hasta 10 millones de dólares.

Sólo la mafia y el gobierno mafioso de EEUU son capaces de amenazar así. Es el equivalente a una sentencia de muerte en una cárcel estadounidense.  

EEUU busca provocar un default en Venezuela a toda costa sin importar la vida de millones de venezolanos

Crimen contra Venezuela

Agencias
Sin necesidad de tener una posición a favor o en contra de quienes gobiernan o aspiran gobernar nuestro país es evidente que nos encontramos ante un golpe de estado por parte de una potencia extranjera y sus satélites contra el gobierno de Venezuela. El asunto fuera alarmante si sólo se circunscribiera a eso, pero las implicaciones del acoso financiero, político e incluso militar de un enorme país, armado hasta los dientes contra una pequeña nación con menos del 10% de la población de esa potencia y medios militares más policiales que de guerra, va más allá y afecta a millones de venezolanos sin importar su preferencia política. Ya hay precedentes en otros países de las masacres que las sanciones económicas estadounidenses han producido; el caso de Irak es emblemático: 1.600.000 muertos por sanciones económica entre 1990 y 2003, de los cuales 600.000 fueron niños y casi 800.000 ancianos y mujeres, según la ONU. Luego, casi 2 millones de muertos más entres 2003 y 2010, asesinados por bombas o por los disparos de mercenarios contratados por EEUU para asesinar iraquíes. No hay derecho a que se nos mate de hambre con la excusa de unos derechos humanos que la historia dice que EEUU es lo último que respeta.

Ampliando la lista de funcionarios claves sancionados para evitar que alguien pueda negociar financieramente por  Venezuela
El primer elemento que gorseramente resalta es la inhabilitación de todo el que en perspectiva pudiera firmar o autorizar transacciones por parte de Venezuela para comprar desde alimentos o medicinas. Ese objetivo explica que hoy el departamento estadounidense del Tesoro anunciara la adopción de nuevas sanciones a Venezuela, esta vez contra 10 funcionarios a los que responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.

Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.

EEUU amenaza a tenedores de bonos con 30 años de cárcel si renegocian la deuda venezolana
Con todos sancionados nadie podrá comprar en el extranjero alimentos ni medicinas. Tampoco negociar la deuda venezolana, por lo que otra vez el departamento del tesoro estadounidense advirtió a los tenedores de bonos que tratar con los dos negociadores principales de Venezuela, cuyos nombres figuran en listas negras de Washington, sería “problemático” y podría llevar a duras penas bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una amenaza del único país que ha lanzado no una sino dos bombas nucleares sobre civiles inocentes. Algo para tomar en serio. 

Ello a propósito de que la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro invitó a acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar negociaciones para la reestructuración de cerca de 60.000 millones de dólares en bonos venezolanos. Quien preside la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal PDVSA es el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, incluido por Estados Unidos en una lista negra por narcotráfico, delito del que se le acusa sin presentar una prueba porque la ley estadounidense no requiere que el departamento del tesoro prueba sus acusasiones. Algo insólito.

Washington también decretó sanciones contra Simón Zerpa, jefe de Finanzas de PDVSA y ministro de Economía, por presuntos actos de corrupción. El Tesoro estadounidense dijo que si bien los acreedores no tienen vetado participar en reuniones sobre los bonos bajo la Licencia General 3 del decreto que firmó Donald Trump el 25 de agosto, cualquier acuerdo con personas que estuvieran en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en inglés) sí estaba prohibido.

“Si bien no existe prohibición para que personas estadounidenses participen en una reunión vinculada a los bonos en el apéndice a la Licencia General 3, la participación de personas de la lista SDN en esas reuniones parece problemático”, dijo el Tesoro estadounidense en una guía compartida con Reuters el miércoles.

“Las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano para asegurarse de que no se impliquen en transacciones o acuerdos, directa o indirectamente, con (una persona en la lista) SDN”, agregó el texto.

El Tesoro informó que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos estadounidenses abarcan hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para las instituciones financieras las multas trepan hasta 10 millones de dólares.

Sólo la mafia y el gobierno mafioso de EEUU son capaces de amenazar así. Es el equivalente a una sentencia de muerte en una cárcel estadounidense.