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El Zuliano
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El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, evidenció en un reciente informe que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios de líderes sociales, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.
Según Negret una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales protegidos por el gobierno de Juan Manuel Santos de ocupar los espacios del territorio abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en su desmovilización.

Las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Una de las exigencias vitales de las FARC-EP desde que comenzaron los diálogos de paz ha sido iniciar el desmontaje del paramilitarismo en Colombia. La posición del Gobierno ha sido desconocer su existencia alegando que durante el mandato de Álvaro Uribe entre los años 2006 y 2008, cerca de 32.000 paramilitares fueron desmovilizados.

Pero dirigentes insurgentes señalan que esos grupos paramilitares pasaron a ser catalogados por el Gobierno como bandas criminales, las que continúan amenazando, fustigando y asesinando a los líderes y movimientos sociales que luchan por el derecho a la tierra.

El ataque sistemático contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la estigmatización y persecución en contra de movimientos y organizaciones sociales se mantiene. La comunidad colombiana que reside en las zonas antes mencionadas esperan que le Gobierno de Juan Manuel Santos haga esfuerzos para evitar más muertes en el futuro.

Santos asesina a tres líderes sociales en menos de 72 horas (+NARCO RÉGIMEN DE POTENCIA COCAINERA DE COLOMBIA)

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El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, evidenció en un reciente informe que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios de líderes sociales, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.
Según Negret una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales protegidos por el gobierno de Juan Manuel Santos de ocupar los espacios del territorio abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en su desmovilización.

Las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Una de las exigencias vitales de las FARC-EP desde que comenzaron los diálogos de paz ha sido iniciar el desmontaje del paramilitarismo en Colombia. La posición del Gobierno ha sido desconocer su existencia alegando que durante el mandato de Álvaro Uribe entre los años 2006 y 2008, cerca de 32.000 paramilitares fueron desmovilizados.

Pero dirigentes insurgentes señalan que esos grupos paramilitares pasaron a ser catalogados por el Gobierno como bandas criminales, las que continúan amenazando, fustigando y asesinando a los líderes y movimientos sociales que luchan por el derecho a la tierra.

El ataque sistemático contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la estigmatización y persecución en contra de movimientos y organizaciones sociales se mantiene. La comunidad colombiana que reside en las zonas antes mencionadas esperan que le Gobierno de Juan Manuel Santos haga esfuerzos para evitar más muertes en el futuro.